· Sólo 15 estados del país tienen normatividad en esta materia
Xalapa, Ver., 15 de febrero de 2010.- En Veracruz la dignidad de las personas está garantizada, por lo que se impulsan leyes que permitan erradicar cualquier forma de delincuencia, afirmó el vicecoordinador del Grupo Legislativo del PRI en la Cámara baja del Congreso de la Unión, Javier Duarte de Ochoa, quien este lunes presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas.
Acompañado de decenas de mujeres de distintos sectores de la sociedad, el legislador cordobés hizo entrega de dicha iniciativa al presidente de la Comisión Permanente de la Legislatura local, Hugo Alberto Vázquez Zárate, y en su exposición de motivos explicó que alrededor de siete por ciento de los 20 mil casos anuales de trata de personas en el nivel nacional se cometen en Veracruz, por lo que desde el inicio de esta administración se combate sin descanso cualquier forma de delincuencia.
Además, recordó que es una política del gobernador Fidel Herrera Beltrán la protección de la dignidad de los veracruzanos, así como su integridad física y la salvaguarda de su patrimonio.
De ser aprobada esta propuesta, el legislador dijo que se responsabilizará a las entidades públicas del estado sobre la atención de las víctimas del delito de trata de personas, además de establecer las responsabilidades en las que pueden incurrir las y los servidores que integran la administración pública, por el incumplimiento de la ley.
El diputado Javier Duarte, quien también estuvo acompañado por los legisladores locales priistas y por sus homólogos Salvador Manzur y Carolina Gudiño Corro, enfatizó que la trata de personas es un delito que constituye en el nivel mundial la más deshonrosa forma contemporánea de esclavitud y una de las más grandes violaciones a los derechos humanos.
Y en ese sentido consideró que por sus complejas dimensiones e implicaciones sociales requieren de forma apremiante la creación de un marco jurídico estatal, acorde con el derecho nacional e internacional, que responda a dicha problemática que resulta lacerante en México.
Explicó que en 21 de las 32 entidades federativas del país existe turismo sexual, sin embargo, sólo 15 estados de la República cuentan con una ley para prevenir y sancionar la trata de personas.
Entre otros antecedentes integrados en su propuesta, el Vicecoordinador de la bancada priista en la Cámara federal de Diputados refiere que en 1910 se reconoció que la trata de personas es un fenómeno que se presenta internamente en las naciones y que está estrechamente ligada con la esclavitud.
De igual manera, recordó que México, desde el año 2003, es signatario del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, lo cual se complementa por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido también como el Protocolo de Palermo, mismo en el que los estados partes se comprometen a tipificar el delito de trata de personas.
Javier Duarte refirió que en ese sentido el Gobierno de México ha recibido observaciones y recomendaciones en la agenda internacional, tanto del sistema universal como del interamericano para que se prevenga, atienda, combata, sancione y erradique la trata de personas, delito que vulnera la dignidad de sus víctimas y afecta a familias y comunidades enteras, pero sobre todo porque fractura la condición humana de quienes sufren ese crimen.
Explicó que en su mayoría las víctimas de ese delito, mujeres y menores de edad, son engañados y obligados para acceder a los métodos de explotación laboral, sexual o de servidumbre, situación que calificó como intolerable y contrastante con las sociedades democráticas actuales.
Finalmente, el diputado federal por el Distrito de Córdoba puntualizó que por su ubicación geográfica México presenta una gran dinámica migratoria, por lo que es considerado uno de los países donde es constante el tránsito de víctimas de este delito; pero también es un Estado, señaló, donde niñas y niños son trasladados a otros territorios para ser sujetos del delito de trata con fines de explotación sexual y laboral.
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