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miércoles, 6 de enero de 2010

Justicia social para el campo y la clase trabajadora, una urgencia política: Javier Duarte


  • Hay que alentar la producción agropecuaria y establecer un justo salario mínimo
  • Debe regresarse al campo mexicano su categoría de prioridad nacional
  • Propone el PRI que sea el Congreso de la Unión el que fije los salarios mínimos
Ciudad de México, 05 de enero de 2010.- En tiempos de crisis económica y alimentaria el campo no puede dejarse en el abandono ni castigar a sus productores con incrementos al diésel que sólo provocarán más pobreza, afirmó el diputado federal Javier Duarte de Ochoa, así que se pronunció por recuperar como prioridad política y social al sector primario.

Es hora, señaló, de que la justicia social nuevamente sea el eje del actuar público, y puso como ejemplo dar nuevas y mayores oportunidades a los campesinos mexicanos y asegurar que la clase trabajadora tenga salarios dignos que aseguren para sus familias una vida decorosa.

En ese sentido, el diputado por el Distrito de Córdoba refirió que es por ello que su bancada, a partir de los desequilibrios entre el incremento al salario mínimo y los aumentos a productos y servicios, propuso este martes ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que sea el Poder Legislativo el que fije el incremento a esta percepción en lugar de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

En vísperas de la celebración de un aniversario más de la Ley Agraria que Venustiano Carranza promulgo en Veracruz y que los priistas festejan cada año, el diputado federal consideró prioritario que el sector primario, es decir el campo, vuelva a ser prioridad nacional y la base de la economía, como lo fue hace muchos años con los gobiernos priistas.

Duarte de Ochoa consideró que ahora es cuando las autoridades deben aumentar la inversión pública para potenciar a los productores y devolver la rentabilidad económica al agro. “Si incentiváramos la siembra de maíz, por ejemplo, no dependeríamos tanto de las importaciones que también nos disparan el precio de la tortilla, pero en este momento necesitamos apoyar a nuestros productores que padecen asimismo el incremento a los combustibles, ahí tenemos a los pescadores que usan el diésel para trabajar en sus lanchas y al resto de los productores que utilizan este combustible para comercializar su producto”, expresó el legislador federal.

Entrevistado tras una reunión con diputados y senadores priistas que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Vicecoordinador del Grupo Legislativo del PRI comentó que la conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria servirá de espacio para discutir la integración de una nueva política agropecuaria, ya que el mercado internacional y las importaciones prácticamente “se están comiendo a nuestros productores por falta de herramientas y tecnología para la producción y comercialización”.

Asimismo, se pronunció por una Ley Agraria Integral que ponga freno a las importaciones de alimentos y que aliente la producción nacional, pues hasta ahora el Gobierno Federal no saca provecho de su participación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los campesinos se mantienen en condiciones de desventaja frente a los países socios que invierten y subsidian a sus productores, como sucede en Estados Unidos.

Fijar los salarios mínimos, responsabilidad legislativa

Por otra parte, el legislador federal expresó la preocupación de su partido por los severos desequilibrios que existen entre el ingreso de la clase trabajadora que percibe el salario mínimo frente al costo de la vida, sobre todo en este arranque de año en donde la Federación aumentó el costo de muchos servicios públicos, por lo que anunció que el PRI presentó una iniciativa de reforma constitucional para que el Congreso de la Unión sea el que fije el incremento en lugar de la Comisión Nacional de Salario Mínimos.

El legislador priista explicó que resulta necesario modificar los preceptos constitucionales, pues hace varios años que el aumento al salario mínimo es insuficiente para satisfacer las necesidades normales de un trabajador y su familia debido a las desproporciones entre éste y el costo de los productos y servicios.

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